CHIHUAHUA 25/05/16 (CHIH-POST).- "El costo social es muy alto: arrestar a una persona a costa de la vida de otra, no nos da en términos de eficiencia y de eficacia. En primera instancia, de entrada; sin embargo, hay que revisar.
No podemos predisponernos anticipadamente hasta que tengamos todo claro. Hay que revisar todo el protocolo, ver qué protocolo se siguió, porque de haberse seguido, nos llevó a unas consecuencias desafortunadas e indeseables.
Hay que revisar todo el esquema, el reporte de uso de fuerza, es decir cuáles fueron los criterios para ir subiendo de nivel, hay una serie de principios, de necesidad, razonabilidad, racionalidad, necesidad, proporcionalidad" manifestó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, José Luis Armendáriz, en torno al caso de dos menores de edad que perdieron la vida durante una balacera para capturar a un presunto delincuente, en ciudad Delicias.
"El uso de la fuerza es una constante de la que se echa mano en los procedimientos donde hay resistencia de las personas que se pretende arrestar o detener"; asimismo informó que esta semana se cumple el plazo de 15 días que tiene la autoridad para dar respuesta al informe solicitado por la CEDH, para determinar responsabilidades sobre las muertes de los dos niños inocentes y contrastarlo contra el marco jurídico que ampara a las víctimas; así como los protocolos de las corporaciones para esclarecer el grado de responsabilidad en el cumplimiento del deber y uso de la fuerza pública.
Los asesinatos ocurrieron durante una balacera que inició alrededor de las 5:00 horas del jueves 12 de mayo, en una vivienda del fraccionamiento San Agustín de ciudad Delicias, durante un operativo para apresar al presunto secuestrador Juan de Dios Carrasco, además de los niños David y Damián, de 3 y 4 años de edad, así como su padre, Gerardo Salas Iracheta.
El ombudsman declaró que se encuentra abierta una queja de oficio con número 49/16, desde días posteriores al evento. Sobre la investigación, anticipó que ya se han solicitado informes tanto a Fiscalía General del Estado, como a la Presidencia Municipal de Delicias y también al Ejército, con el objetivo de hacer una reconstrucción histórica de los hechos, en base a las evidencias que se recaben.
"Fue un evento muy documentado porque hay vídeos, fotografías de medios de comunicación, grabaciones que hicieron vecinos que se encontraban por ahí. Se están levantando las series fotográficas y la ubicación, recabando testimonios, fotografías, testimonios y videos, y está transcurriendo el plazo que la ley nos señala para que nos rindan un informe, que ya se le pidió a la autoridad, junto con el respectivo reporte de uso de fuerza que están obligados a elaborar por disposición de la ley cuando se hace uso de ella" manifestó, aclarando que el plazo legal para la presentación del reporte son 15 días posteriores a la presentación de la solicitud.
Armendáriz González indicó que la reconstrucción de los hechos permitirá valorar los protocolos que existen, examinados bajo un marco jurídico compuesto por la documentación relevante al respecto. "La Fiscalía tiene un protocolo de uso de la fuerza que publicó desde el año pasado; la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece una serie de principios que hay seguir cuando se haga uso de la fuerza. Hay por parte de la Organización de las Naciones Unidas una serie de principios internacionales sobre el uso de la fuerza y hay que contrastar los hechos con todos estos documentos; la actuación de la autoridad a la luz de estos documentos, como un marco jurídico institucional y local, para luego poder dilucidar varios aspectos a partir de ese contraste".
El primero será la actuación que haya tenido cada corporación en lo particular; es decir, la responsabilidad que pudiera corresponderle a cada uno en primera instancia y a servidores públicos en lo particular. En segundo término es velar por la reparación del daño, que si bien una vida ya no se puede regresar, la Ley General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Estado de Chihuahua establecen una serie de principios en los que se debe garantizar la reparación hacia víctimas de violaciones de Derechos Humanos; y adicionalmente también recomendar cuáles serían los cambios administrativos, prácticas o capacitaciones que haya que realizar, para garantizar que no vuelva a suceder un evento de esta naturaleza, manifestó el presidente de la CEDH.
"Seguir un protocolo no puede tener como consecuencia que ante el intento de arresto de una persona, así oponga resistencia a través de su arma de fuego, llevar de por medio el costo de la vida de tres o cuatro personas. Hay que valorar, evaluar y determinar en su justa dimensión todo el evento" reiteró.
Asimismo, explicó que en materia de Derechos Humanos cada evento tiene su propio valor, con independencia de lo periférico que hay alrededor, otorgando una valoración que es independiente si al que se detenía es un secuestrador o no; a que el padre de los menores también haya hecho uso de arma de fuego y si disparó a los policías, aspectos que en conjunto arrojan un resultado sobre la evaluación.
Las corporaciones que participaron durante la captura y baja del presunto secuestrador, padre los niños y los dos menores, fueron la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, la Policía Municipal de Delicias como una corporación de auxilio y el Ejército como institución de auxilio.
"Se dispararon muchas armas a la persona que se pretendía aprender; no solamente poseía un arma, poseía varias ahí. Hay que determinar todo este aspecto desde qué armas se usaron y desde luego también valorar todo el contexto; dónde estaba ubicada la casa, si había posibilidades o no de que la autoridad tuviera conocimiento de que había terceras personas ajenas a quien iban persiguiendo en su interior, si tenían conocimiento o no de que eran menores, qué vínculo existía... Es decir, hay que hacer un trabajo completo para que nos pueda arrojar una investigación objetiva, transparente e imparcial, para que no vuelva a suceder un hecho similar" señaló.
En ese sentido, acentuó que el tema puede dar pie a muchas perspectivas, sin que se presenten nuevos actos ilícitos en los que se arriesguen más vidas inocentes para escudarse de la aplicación del uso de la fuerza pública para la aplicación de la justicia. "Porque hay quien diría: 'ah, entonces cualquier delincuente se puede refugiar en una casa donde haya niños y ya no va a ser detenido'; o alguien que diga 'entonces los policías ya no van a poder hacer su trabajo, a riesgo de incurrir en responsabilidad'. Tenemos que poner todo en su justa dimensión" dijo.
En ese tema, enfatizó que se debe determinar el nivel de capacitación de los elementos que intervinieron en el operativo, para saber qué tanto ha capacitado la institución a sus filas. "No vaya a ser que estemos en presencia de elementos que estaban operando sin tener una capacitación suficiente y eso es riesgoso, porque son elementos que traen armas de alto poder y por el riesgo que pueden generar al hacer uso de ellas, deben tener una capacitación muy alta".
Al hablar de la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, indicó que parte de la función del organismo es velar por la aplicación de la ley y el fortalecimiento de las instituciones. "Somos conscientes y tenemos el afán de que se haga una investigación muy completa; también tenemos que apoyar la honorabilidad de las corporaciones, porque se pone en riesgo que por un evento desafortunado se le tache y se le quiera calificar de manera general. Esta función tiende a ser muy compleja. No faltara quién diga que la Comisión se está cargando hacia algún lado y que a lo mejor no está investigando con cierta celeridad para proteger a la corporación o que estamos predispuestos contra los elementos de la corporación de manera anticipada".
